Blindaje y paranoia: La defensa del agrónomo desde el Infonavit

Algo inquietante se respira en los pasillos del Infonavit. No es sólo el incremento súbito de camionetas blindadas, ni los cristales antibalas recién instalados en oficinas estratégicas. Tampoco es casual que el acceso al comedor ejecutivo —antes abierto y cotidiano— hoy esté restringido únicamente a un pequeño círculo de confianza.

Tan marcado es el clima de tensión que empleados describen el edificio como un “búnker administrativo”, un espacio donde la desconfianza se volvió norma. Pero detrás de ese blindaje hay un temor abstracto.

Ponche bien caliente con piquete

Romero, el agrónomo –dicen quienes lo conocen–, siempre entendió que la influencia en México se construye a partir de símbolos: protegerse, rodearse de los leales, controlar los espacios exclusivos.

El pretexto de la violencia… o la coartada perfecta

Oficialmente, la narrativa sugiere que el refuerzo de seguridad responde a riesgos derivados del convulso escenario político de Tabasco. Se menciona el caso de La Barredora y el papel de Javier May, operador de varias campañas obradoristas, como detonante del nerviosismo.

Peeero, fuentes cercanas al propio Infonavit señalan que la historia real va por otro lado.

Fuerte a pico de botella

El blindaje físico, dicen, coincide milimétricamente con movimientos dentro del sector energético.

Y eso conecta nuevamente a Romero con su viejo tablero.

El ajedrez del poder: Pemex Exploración y Producción como pieza clave.

Dentro de PEP, la figura del director Ángel Cid Munguía –colocado en el cargo durante la era de Romero en Pemex– se encuentra en el centro de un huracán.

Investigaciones internas y presiones externas apuntan a que Cid habría:

• Mantenido vínculos operativos con Miguel Ángel Lozada, exdirector de PEP implicado en redes de corrupción.
• Favorecido contratos cuestionados dentro de PEP.
• Protegido a funcionarios señalados por prácticas irregulares en la operación petrolera.
• Resistido auditorías y procesos de depuración en áreas críticas.

Su nombre aparece de manera recurrente en informes confidenciales, denuncias internas y análisis legislativos. ¡Quihúboles!

La palabra “remoción” circula cada vez con más fuerza.

Y muchos observadores coinciden:

Si Cid cae, se abre la puerta para un reacomodo mayor en toda la estructura petrolera.

¿Será por eso que Romero también se está blindando?

Actores del sector energético, tanto en México como en Estados Unidos, han comenzado a notar los movimientos. En conversaciones con asesores de Washington se menciona que México no podrá elevar producción mientras mantenga una estructura contaminada por redes internas que operan como feudos personales.

La pregunta que flota en el ambiente.

En este momento, la paranoia institucional, el cerco de seguridad y la reorganización interna en el Infonavit parecen un acto defensivo.

¿Si salen todos estos personajes corruptos, habrá represalias contra quien siempre juró protegerlos mientras se reportaran?

Otro caso de abuso del gobierno mexicano ante la CIDH

En la ‘4T’, la justicia se ha politizado. Billy Álvarez no debe estar a su edad, 80 años, en la cárcel, y menos aún en Almoloya, donde su salud física y psicológica se ha mermado gravemente día con día.

Billy Álvarez fue detenido hace casi un año, el 16 de enero de 2025, por elementos de la FGR de Gertz Manero. Su detención no fue llevada conforme al protocolo establecido ni al debido proceso, siendo, a todas luces, una detención ilegal. A más de 10 meses aún no le dictan sentencia, vulnerándole en todo momento sus derechos humanos y no tomando en cuenta que pertenece a un grupo vulnerable (persona adulta mayor) y que tiene diversas enfermedades graves.

Inhale y exhale, pues se le apachurrará el corazón

Desde que está en Almoloya se ha caído dos veces, fracturándose la cadera y brazos, recibiendo atención médica básica, no la adecuada, y, repito, tiene 80 años. Además, cuando está en el hospital Adolfo López Mateos no le proporcionan los medicamentos, y en el Altiplano tardan mucho en darle insulina, propranolol, tamsulosina, entre otras medicinas que necesita.

Pero esto no es lo peor, sino que además no le permiten el acceso de visitas: lo tienen incomunicado. Lo tratan como el peor delincuente y, repito, aún no está sentenciado, se les está muriendo ahí dentro y a nadie le importa.

¿Por qué a Billy Álvarez le niegan el arresto domiciliario y a Emilio Lozoya lo dejan vivir plácidamente en el exclusivo edificio de Palmas 800?

Hoy en día es indudable el temor y la incertidumbre que hay por la vida e integridad de Guillermo Álvarez Cuevas y que, por negligencias de las que es víctima, pase una situación inesperada; sí, que se muera en Almoloya como consecuencia de las violaciones de sus derechos y de la falta de atención médica, pero, sobre todo, a una nula aplicación de la justicia real hacia su persona.

Por lo que hoy se presenta ante la CIDH una denuncia, pues Billy Álvarez no debería estar en la cárcel y menos aún en Almoloya. Está acusado de administración fraudulenta y lavado de dinero. Ah, y no se está buscando que, de ser culpable, no enfrente las consecuencias de sus actos, sino que desde su casa se pueda defender, como lo dictan los artículos 74 fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo. Billy Álvarez cumple con todos los requisitos para llevar su juicio en prisión domiciliaria, al igual que Murillo Karam. Y vuelvo a preguntar: ¿Por qué Billy Álvarez está en Almoloya y Emilio Lozoya Austin, criminal confeso, y su mamá, Gilda Austin, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa –y él, además, de peculado–, están viviendo bien a gusto, sólo con brazalete?

Los derechos humanos que han sido violentados a Billy Álvarez son:

• Derecho a la libertad.
• Derecho a la seguridad jurídica.
• Principio de legalidad.
• Derecho de audiencia y al debido proceso legal.
• Derecho de acceso a la justicia.
• Derecho de las personas adultas mayores.
• Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos.
• Derecho a la presunción de inocencia.
• Derecho a la inmunidad frente al arresto o detención arbitraria.
• Derecho a la integridad personal.
• Derecho a las garantías judiciales.
• Derecho a la protección de la honra y de la dignidad.
• Derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales.