Señalan al Ejército por abuso de fuerza en 2007 y 2025

Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), muestran como, a casi 20 años del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada por en el sexenio de Felipe Calderón, los casos de abuso de la fuerza por parte del Ejército se mantienen como uno de los flagelos sin solución.

La Corte IDH comunicó ayer 16 de diciembre, su sentencia en contra del Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en 2007.

Ernestina era una mujer de origen náhuatl de 73 años. Fue violada por integrantes del Ejército mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz, en un contexto de despliegue militar derivado de la estrategia de seguridad iniciada en 2006.

La Corte IDH concluyó que dicha agresión constituyó un acto de tortura, que el Estado incumplió también su deber de brindarle atención médica adecuada y que estas omisiones derivaron en su muerte.

Aunado a que se determinó que las autoridades mexicanas negaron a sus familiares el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, reproduciendo estereotipos de género, edad y origen indígena, incluso desde las más altas esferas del poder.

Por su parte, el Centro ProDH dio a conocer que la CNDH responsabilizó a los elementos del Ejército mexicano de la muerte de Leidy y Alexa, niñas de 7 y 11 años de edad, respectivamente, en el marco de un operativo contra el crimen organizado en mayo de 2025.

La recomendación 201VG/2025 de la CNDH —la primera por violaciones graves ocurridas durante la administración de Claudia Sheinbaum— reconoció que las menores fueron ejecutadas de manera arbitraria mediante el uso indebido de la fuerza militar. También acreditó violaciones a los derechos de las niñas, a la integridad personal de los sobrevivientes y al derecho a la familia.

Debido a esto, mediante un comunicado, el Centro ProDH advirtió que este caso refleja los riesgos inherentes al despliegue militar en tareas de seguridad pública y la ausencia de medidas efectivas de no repetición.

Recordó, además, que la familia de las niñas ya había sufrido abusos militares en 2008, lo que revela un ciclo de violencia e impunidad no resuelto. Para la organización, la recomendación de la CNDH es relevante, pero insuficiente, al omitir un análisis profundo sobre la política de militarización y al no cuestionar de fondo el papel de la justicia militar ni los retrasos en las investigaciones civiles.

En un inicio las autoridades informaron que las muertes de las menores se habían suscitado en medio de una confrontación con los presuntos delincuentes. El pasado 11 de noviembre, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, informó que los elementos se mantenían en prisión preventiva.

“Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República de inmediato, y también con la Fiscalía General de Justicia Militar. En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión; se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados. Y la Fiscalía General de la República lleva el seguimiento por el tema del homicidio en donde se vieron afectadas las dos niñas”, indicó el funcionario castrense.

Recomendaciones

Entre 1990 y 2025, la CNDH ha diferentes recomendaciones por violaciones a derechos humanos, tanto ordinarias como por violaciones graves. Según la información del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la CNDH en dicho periodo se han realizado más de 4,300 recomendaciones, de las cuales 784 corresponden a violaciones graves.

Al analizar por periodos de gestión, se muestra que el mayor número de recomendaciones se concentró en el sexenio 2019-2024 (sin que esto signifique que los actos se cometieron en dicho periodo de tiempo), con 1,210 recomendaciones, equivalentes al 42.83% del total histórico.

Le siguen: Gestión 2014-2019: 430 recomendaciones (15.22%), Gestión 2009-2014: 416 recomendaciones (14.73%), Gestión 1999-2009: 567 recomendaciones (20.07%); mientras que en la gestión 2024-2029, aún en curso, ya se han comenzado a acumular nuevos señalamientos.

Algunos de los derechos transgredidos más señalados en las recomendaciones son: derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la integridad personal, derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la protección de la salud y derecho al trato digno e igualdad.