Presiones desde Washington

Este jueves fue otro de esos malos días que se han hecho más frecuentes que ocasionales en Washington para el gobierno mexicano. Por un lado, una organización de derecha, profundamente conservadora y antiobradorista con fuertes vínculos con la administración Trump, inició una conferencia de dos días en el Capitolio sobre el “narcoterrorismo” en México. Y por el otro, un artículo de una corresponsal con larga experiencia en México, en The New York Times, el diario más liberal e influyente de Estados Unidos, señaló que la mayor preocupación que tiene la presidenta no son los cárteles, sino que desmantelarlos la confrontaría con miembros de su propia coalición gobernante, al ser varios de ellos parte de las estructuras del crimen organizado.

Es decir, desde lo más amplio del espectro de la opinión política en Washington, la conclusión es la misma: se está instalando en México un narcoestado. Se pueden argumentar las razones de este alegato, pero el peso político de la coalición gobernante es monumental.

La presidenta, que ganó con 59% de los votos, goza de una popularidad que ronda en el 70%; es decir, sin importar lo que haga, sólo 3 de cada 10 desaprueban su gestión. Tiene Morena, el partido en el poder, 73% de la Cámara de Diputados, que le da la mayoría calificada para lo que se le antoje, al igual que en el Senado, donde controla 83 de los 128 escaños; 24 de las 32 gubernaturas. El 45% de todos los municipios están en sus manos. Gobiernan sin contrapesos, no los hay ni en la Corte, ni en el INE y tampoco en el Tribunal Electoral.

Prácticamente nada de lo que sucede en la vida pública mexicana hoy en día puede pasar sin el filtro o la sanción del régimen. De ahí la relevancia del artículo que publicó Mary Beth Sheridan, ex jefe de la corresponsalía de The Washington Post en México, en el Times.

Sheridan, actualmente miembro del Georgetown Americas Institute, retomó la reiterada afirmación del presidente Donald Trump de que los cárteles de las drogas gobiernan México, pero sostiene que Trump parece perder de vista lo que hace a las redes criminales una amenaza duradera. “En 12 años cubriendo a México como periodista aprendí que la fuerza sola no puede acabar con los cárteles”, señaló.

“El problema no es simplemente que los grupos de narcotraficantes ataquen al Estado”, dice Sheridan, y recuerda que Morena tiene “múltiples miembros de alto perfil que enfrentan acusaciones serias de vínculos con el crimen organizado”, por lo que combatirlos “podría significar el desmantelamiento de los cimientos del poder local en México”.

Las referencias a los lazos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gobierno, gobernadores o figuras prominentes de su coalición, fueron minimizadas por los corresponsales extranjeros durante años hasta fechas recientes, donde finalmente voltearon a ver el fenómeno. En el Capitolio, senadores y diputados vieron más lejos que la prensa de su país y comenzaron a criticarlo en audiencias. No avanzó la crítica hacia una política del gobierno, hasta que volvió Trump a la Casa Blanca, donde modificó el enfoque de la relación bilateral con México, desde una de socio comercial, a otra como riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este cambio de enfoque no está bien entendido en México, como escribió hace unos días Jacques Rogozinski en El Financiero, en un luminoso artículo, lo que dejó vacíos para que los grupos de interés conservadores y de derecha fueran fortaleciendo sus relaciones con sus pares en Estados Unidos. Una valoración muy equivocada es, por ejemplo, descalificar al exactor y activista Eduardo Verástegui, porque su pensamiento de extrema derecha no tiene suficiente piso de amarre en México, y riéndose de sus viajes a Washington. Verástegui, sin embargo, no sólo tiene acceso privilegiado a la Casa Blanca, sino que es amigo de los hijos de Trump, quien, por su parte, lo tiene en buena estima.

Bajo los mismos criterios, se ha minimizado la “cumbre” de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CPAC, que es la que convocó a la reunión sobre México, la crisis de fentanilo y el narcoterrorismo en el Caucus Room, en el edificio Cannon de la Cámara de Representantes, que nadie, salvo el Congreso o un miembro de la Cámara baja puede utilizarlo para ningún evento, al participar varias diputadas y diputados republicanos de Florida, el estado donde se encuentran algunos de los cocineros de la política hacia América Latina que está aplicando el secretario de Estado, Marco Rubio.

La CPAC, presidida por Matt Schlapp, que fue director político en la Casa Blanca durante el primer mandato de George W. Bush, y su esposa Mercy, directora de Comunicaciones Estratégicas de Trump en su primer gobierno, convocó a figuras clave, como Sara Carter, directora de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, tiene un gran conocimiento de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y fue quien ha sembrado el concepto en su gobierno del fentanilo como una “arma química”.

Son previsibles sus posiciones y discursos, pero, lo más importante, son el foro los anfitriones, y el eco en Washington, acompañado por el artículo de Sheridan, que apuntó que es poco probable que en México se libre “la guerra” total contra los cárteles que exige Trump, por las relaciones criminales de varias figuras de Morena, y sostiene que actuar con mayor firmeza contra los políticos corruptos podría “debilitar a Morena de cara a las elecciones” del próximo año, algo que significaría el principio del fin de lo que pensaban sería la eterna cuarta transformación.