Una pareja inició acciones legales contra un hotel de lujo de Río de Janeiro, Brasil, tras comprar una habitación con vista al mar y descubrir que el lugar por el que pagaron contaba con una panorámica de la favela Rocinha. La situación fue denunciada a través de redes sociales, donde los huéspedes aseguraron que fueron estafados, ya que la publicidad del establecimiento les prometía ingreso directo a la playa, ubicación atractiva y experiencias únicas.

De acuerdo con la información revelada en las plataformas digitales, en el contrato que firmó la pareja se estableció el pago de 50.000 reales (aproximadamente $13.7 millones) por la experiencia única y los beneficios económicos. Sin embargo, el problema fue evidente cuando los propietarios llegaron al lujoso complejo y se percataron de que las instalaciones no cumplían con las especificaciones que el hotel había destacado en la promesa.

Según los compradores, durante la negociación los encargados del establecimiento aseguraron que el inmueble generaría ingresos desde la próxima Navidad, pero con el tiempo descubrieron que la explotación económica realmente empezaría desde 2064. Ante esto, la pareja solicitó a las autoridades la rescisión del contrato, la devolución total del dinero y una indemnización de 20.000 reales por los daños morales ocasionados.

El hotel argumentó que actuó con transparencia y conforme a la ley

Luego de que los huéspedes iniciaron las acciones legales, la administradora del lujoso complejo, de quien no se reveló la identidad, manifestó la disposición que tiene para contactarse con las personas afectadas para llegar a un acuerdo.

La trabajadora también aseguró que el hotel cumplió con los procedimientos y respetó la transparencia de la negociación, ya que, según ella, la ubicación de cada habitación y sus características se detallan en el documento contractual.

A pesar de ello, los compradores sostienen que la información recibida no coincidía con lo anunciado en la oferta ni con lo acordado con el establecimiento de forma verbal. Si bien hasta el momento ninguna de las partes logró ponerse de acuerdo, la legislación brasileña establece que los contratos deben reflejar con precisión los derechos de uso y las condiciones de administración.

*Por Stephany Guzmán Ayala