La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentaron el 29 deLa Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentaron el 29 de

Declaración unilateral de Inteligencia Artificial

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La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentaron el 29 de enero los Principios de Chapultepec y una “Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial en México”. El documento propone principios orientadores para guiar políticas públicas, regulaciones e instrumentos institucionales durante el ciclo de vida de los sistemas de IA. El texto es ambicioso en intención, pero adolece de una visión compartida que limita su eficacia real. 

En positivo, la Declaración prioriza los derechos humanos y la idea de que la IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos. Establece responsabilidad humana frente a decisiones automatizadas, exige transparencia razonable y promueve una gobernanza colectiva con participación ciudadana.

Incorpora el principio de explicabilidad (si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse). Si un algoritmo decide quién recibe un crédito o quién accede a un programa social, exigir que las personas comprendan el proceso detrás de una decisión automatizada es un acto de justicia.

Valora la diversidad lingüística y cultural del país y define los datos como un bien público que debe cuidarse con responsabilidad. La Declaración parte de la premisa de que la tecnología nunca es socialmente neutra. Al reconocer que los avances de la IA impactan directamente la vida social, el Estado mexicano intenta tomar las riendas de un caballo que puede desbocarse.

No obstante, el documento tiene un perfil declarativo más que normativo. Falta precisión en conceptos como explicabilidad, responsabilidad y evaluación de impacto. Son más aspiraciones que umbrales, métodos o instrumentos obligatorios. No se indican procedimientos de auditoría independientes, criterios de certificación técnica ni sanciones frente a incumplimientos. Una Declaración sin mecanismos de verificación puede servir para legitimar iniciativas públicas sin impedir daños reales.

El documento respira un sesgo ideológico hacia el control estatal y la soberanía tecnológica. Es loable buscar autonomía, pero en la realidad la IA es un fenómeno transfronterizo. El énfasis en los "datos como bien público" se decanta hacia un Estado que centraliza la información para protegerla del uso indebido. Es positivo para la seguridad, pero es un cuello de botella para la innovación.

Falta que se reconozca la contribución de la industria y se delimiten responsabilidades privadas sin infantilizar a los actores económicos. El énfasis en equidad y reducción de desigualdades remite a una agenda progresista, útil para políticas sociales, pero no aborda con realismo las dinámicas de competitividad y eficiencia que requieren las empresas tecnológicas para innovar y las industrias para automatizar sus procesos productivos.

En términos prácticos, ¿para quién sirve la Declaración? Principalmente, para autoridades públicas que diseñan programas y compras tecnológicas. Es útil como brújula ética para funcionarios, activistas y académicos interesados en principios. También es una herramienta política para construir legitimidad social sobre usos estatales de la IA.

Pero no ofrece la certeza que la industria necesita para invertir a gran escala en una nueva tecnología. Tampoco habilita a la ciudadanía con herramientas concretas de defensa o recursos de reparación frente a daños algorítmicos del aparato estatal.

Para que un instrumento así sea eficaz en México deberá incorporar varios elementos adicionales con base en la experiencia internacional. Por ejemplo, un marco de riesgo diferencial que clasifique usos de IA según impacto sobre derechos fundamentales y servicios críticos. Evaluaciones de impacto obligatorias y transparentes (pruebas de sesgo, robustez, seguridad). Requisitos de auditoría externa e independiente y registros públicos de sistemas automatizados usados por autoridades.

Derechos de acceso a la explicación con estándares técnicos y mecanismos reales de reparación administrativa y judicial. También métricas de sostenibilidad energética y uso de infraestructura, con límites cuando el consumo sea socialmente insostenible. Reglas de gobernanza de datos que aborden interoperabilidad, portabilidad y compensación por uso comercial de datos públicos.

La redacción de la Declaración debió ser multidimensional. Además de la Secihti y la ATDT, faltó la autoridad de protección de datos, la comisión de competencia económica, el regulador de las telecomunicaciones, otras secretarías como educación y salud, universidades públicas, colegios de ingenieros y abogados, organizaciones de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, sindicatos vinculados a la tecnología, asociaciones de startups y cámaras empresariales.

Una Declaración de esta magnitud debió ser el resultado de un congreso nacional de IA con participación activa de la industria que desarrolla la tecnología. Consultar a la academia no es un gesto de cortesía sino una necesidad para asegurar que los principios sean técnicamente viables y no buenas intenciones. La ausencia de un compromiso explícito de las empresas tecnológicas que operan en México deja la duda sobre cómo impactará la Declaración en el sector privado, el cual suele ir varios pasos adelante de la regulación.

¿Se trata de una Declaración unilateral? Formalmente sí, puesto que proviene de dos organismos estatales. Sin embargo, el texto promueve la gobernanza colectiva. La contradicción entre origen unilateral y voluntad inclusiva merece resolverse mediante procesos de consulta pública.

La pregunta inevitable es cómo hacer a prueba de futuro un documento sobre una tecnología que evoluciona rápido. La Declaración debe incorporar revisiones periódicas, cláusulas de adaptación técnica, mecanismos de aprendizaje regulatorio (sandboxes regulatorios) y alineación con experiencias internacionales. También debe promover la infraestructura digital que permita la gobernanza de los datos, un verdadero desarrollo de la IA y una genuina soberanía tecnológica.

X: @beltmondi

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