Según el Tratado Internacional de Aguas firmado en 1944 entre México y Estados Unidos, nuestro país debe entregar al río Bravo, en ciclos de cinco años, un total de 2,158 millones de metros cúbicos (Mm³), es decir, un promedio anual de 431.6 Mm³. A su vez, Estados Unidos se compromete a aportar anualmente 1,850 Mm³ del río Colorado en Mexicali, Baja California. Esto significa que México recibe 4.3 veces más agua de la que entrega, lo que representa un acuerdo claramente favorable para nuestro país.
Sin embargo, no se trata de un simple intercambio de aguas, sino del reconocimiento de derechos. Tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que puso fin a la guerra entre ambos países, quedaron sin regular aspectos fundamentales como el uso de los ríos internacionales, lo que generó múltiples conflictos, intensificados con el crecimiento poblacional y de las zonas agrícolas. La construcción de presas en territorio estadunidense, la Elefante en el río Bravo (1916) y la Hoover en el Colorado (1936) aumentó las tensiones y obligó a ambos gobiernos a retomar negociaciones.
En ese entonces, Estados Unidos sostenía la llamada Doctrina Harmon, que defendía la soberanía absoluta sobre los recursos hídricos dentro del territorio nacional, sin obligación de considerar los impactos río abajo. Sin embargo, la presión de agricultores mexicanos (especialmente del Valle de Mexicali) y de productores del sur de Texas, quienes denunciaban la reducción del caudal del río Bravo, aceleró la necesidad de un acuerdo bilateral.
Así es como, tras décadas de disputas, se logró el Tratado Internacional de Aguas de 1944, hoy considerado un modelo internacional de gestión compartida, donde ambos países reconocen derechos de uso del agua más allá de sus fronteras. México consiguió que se reconociera la alta variabilidad hidrológica de la cuenca del Bravo, lo que imposibilita garantizar entregas anuales fijas. Por ello, se establecieron periodos quinquenales, a diferencia del Colorado, que tiene un flujo más constante gracias al deshielo de las Rocallosas.
A lo largo del tiempo, Estados Unidos ha cumplido su compromiso con las entregas, sólo ajustando, excepcionalmente en caso de sequia, con reducciones de forma proporcional entre sus siete estados usuarios y México. En cambio, nuestro país se ha mantenido a expensas de que un huracán permita cumplir con el compromiso, siendo omiso en controlar el uso interno del agua, tenemos: cuencas sobreconcesionadas, concesionarios que exceden sus volúmenes autorizados y extracciones ilegales.
Esta falta de control, sumada a una sequía extraordinaria en la frontera norte, llevó a que México incumpliera en el último ciclo quinquenal (que concluyó el 24 de octubre), dejando un déficit de aproximadamente 1,000 Mm³.
Cabe destacar que el propio Tratado contempla esta posibilidad: si una sequía impide el cumplimiento del volumen acordado, el faltante puede diferirse al siguiente quinquenio. Así, para 2030, México deberá entregar 3,150 Mm³, una meta ambiciosa considerando las condiciones actuales.
Entonces, si no hay un incumplimiento al Tratado, ¿por qué Donald Trump exige la entrega de 246 Mm³ antes del 31 de diciembre? No hay justificación, México requiere implementar lo necesario para cumplir en el futuro, pero, por lo pronto, el agua almacenada se requiere para abastecer a las ciudades fronterizas. Extraer el agua del río San Juan (presa El Cuchillo) pondría en riesgo el abasto de Monterrey.
Es cierto que los agricultores texanos han sufrido por la falta de agua, al grado de que el ingenio azucarero Río Grande Valley Sugar Growers cerró sus operaciones de forma permanente. Pero la realidad es que México hoy no puede entregar lo que no tiene disponible.
El verdadero reto será cumplir con el compromiso de aquí a 2030, en un escenario agravado por el cambio climático, que afecta severamente el norte del país. Urge fortalecer a la Conagua para que asuma con mayor eficacia su responsabilidad de regular el uso del agua en todo el territorio nacional, y muy especialmente en la frontera norte.

