El triple desafío económico de 2026

El IPC de diciembre fue 2,8% con una inflación núcleo de 3.0%. A simple vista, los números no lucen dramáticos. Pero confirman algo que venía insinuándose desde mediados del año pasado: la desinflación dejó de ser un proceso lineal y empezó a convivir con una aceleración gradual que, aunque leve, funciona como señal de alerta.

El desafío que enfrenta el Gobierno en su tercer año es si podrá poner de nuevo a los precios en un sendero declinante mientras intenta acumular reservas. Dos objetivos prioritarios a los que se suma un tercero: dejar atrás el estancamiento de la actividad y el empleo.

Un tipo de cambio contenido y una política monetaria muy contractiva suelen ser aliados de corto plazo para el objetivo de inflación, sobre todo cuando se busca anclar expectativas y disciplinar la dinámica nominal. Pero ese mismo combo puede volverse un obstáculo para recomponer reservas en forma visible —si el balance externo no acompaña o si la liquidación se posterga— y también para que la actividad recupere tracción, especialmente en un contexto donde el crédito sigue caro y el ingreso disponible no termina de recomponerse.

Del lado de las reservas, el Banco Central compró divisas en las últimas ruedas, pero a un ritmo que todavía no garantiza una acumulación consistente con una recomposición “ostensible” del stock. En el mejor de los casos, ese “poroteo” puede ayudar a que el Tesoro disponga de dólares para afrontar vencimientos.

Pero ahí aparece un punto sensible: el Gobierno todavía debe mostrar con claridad cuál será el mecanismo sistemático para hacerse de esas divisas —comprándolas al BCRA o en el mercado— sin quedar obligado a repetir operaciones de último momento, ingenierías financieras o estrategias que, aunque efectivas para apagar un incendio puntual, dejan la sensación de que la estabilidad sigue dependiendo de acciones o recursos excepcionales.

Estas cuestiones reavivan una discusión de fondo: ¿el esquema monetario y cambiario actual es el más indicado para asegurar credibilidad y estabilizar de manera sustentable? Si la prioridad inmediata es evitar que la inflación vuelva a escaparse, el incentivo natural es sostener un ancla nominal creíble. Pero esa decisión suele venir acompañada de costos: un tipo de cambio real que se aprecia, tasas reales altas y una economía que se enfría (más si el ancla no es creíble).

En ese contexto, la actividad tarda más en reaccionar, porque el consumo se queda sin impulso y la inversión no termina de arrancar si no percibe un horizonte de rentabilidad estable y reglas que sobrevivan al calendario político. La recuperación no se decreta: aparece cuando la macro deja de ser un riesgo existencial y pasa a ser un marco relativamente previsible. Si los datos de noviembre y diciembre siguen confirmando el estancamiento real (con fuerte dispersión entre sectores), esa tensión va a ganar protagonismo.

Ahora bien, si el Gobierno decidiera priorizar crecimiento y aliviar el frente real, el camino típico sería flexibilizar condiciones financieras, acelerar recomposición de ingresos o permitir un movimiento más rápido del tipo de cambio.

Pero ese sendero, en una economía todavía indexada y con memoria inflacionaria larga, puede reabrir la discusión nominal. No hace falta un salto discreto para que el proceso se complique; a veces alcanza con que el mercado empiece a percibir que el ancla se volvió más blanda o que la política está dispuesta a tolerar más inflación a cambio de algo de actividad (algo que no parece posible con este gobierno y menos en un año no electoral).

Y si lo que se busca es acumular reservas de manera contundente —condición casi indispensable para bajar el riesgo país y recuperar acceso al crédito— el programa necesita algo más que compras puntuales del BCRA: necesita que el balance externo genere oferta neta y que el mercado crea que el stock de reservas va a mejorar de forma persistente.

Eso depende de la cuenta corriente, de la dinámica de importaciones, de la estacionalidad de exportaciones y, sobre todo, de expectativas: si el sector privado sospecha que el tipo de cambio está “atrasado” o que el régimen cambiario puede cambiar, se cubre. Y cuando el sector privado se cubre, la acumulación se vuelve más difícil y más costosa.

El 2026 plantea un dilema de consistencia. El Gobierno necesita que la inflación retome su senda descendente, recomponer reservas sin convertir cada vencimiento en un evento y que la actividad real se recupere sin reavivar la inercia inflacionaria.

No es imposible, pero exige un orden de prioridades claro y reglas permanentes. Hace semanas el programa económico inauguró una nueva fase (la cuarta en la contabilidad del BCRA). Y en el aire quedó flotando (como en el arranque de las fases anteriores) la posibilidad de que en el futuro haya otras. Se perdió la oportunidad de lanzar un régimen más definitivo, sin cepo ni controles de capitales.

La estabilidad de 2024–2025 fue, en buena medida, una estabilización de emergencia que funcionó gracias a la velocidad del ajuste fiscal y una política monetaria más homologable. El desafío de 2026 es distinto: convertir ese logro en un régimen que no requiera heroicidades semanales.

La pregunta que deja abierto el IPC de diciembre es si el esquema vigente permite, simultáneamente, que no vuelva a subir la inflación, que las reservas crezcan de verdad y que la economía empiece a moverse. Si la respuesta depende demasiado de excepciones, el mercado —y la sociedad— va a seguir dudando, incluso cuando los números cierren o luzcan relativamente buenos.