García Harfuch: Misión Imposible

2026 arrancó con buenas noticias o, al menos, con golpes fuertes en materia de seguridad. La semana pasada hubo dos señales que sin duda servirán para capotear las amenazas de Washington, al menos por algún tiempo: una nueva tanda de capos trasladados a Estados Unidos y la anhelada detención de Ryan Wedding. En el ámbito doméstico, la captura de El Botox, líder de Los Blancos de Troya, es una respuesta necesaria tras el descalabro que significaron los asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo y del alcalde opositor de Uruapan, Carlos Manzo.

La presidenta Sheinbaum parece decidida a dar la batalla a los criminales, y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha logrado remontar la imagen de ineficacia, de pasividad y de falta de liderazgo que definió la política de seguridad en tiempos de AMLO. Incluso entre los empresarios y otros actores que suelen ser lejanos a la ‘4T’, el ‘zar’ de la seguridad suele contar con reconocimiento.

Con la llegada de Sheinbaum y de García Harfuch, algo cambió para bien. Donde antes se percibía un entreguismo vergonzoso frente a los criminales, ahora se advierte un gabinete de seguridad activo y con metas ambiciosas. Este golpe de timón ha servido para frenar el deterioro, e incluso para inhibir algunas de las acciones más nocivas de los criminales. La violencia ha disminuido (aunque a un ritmo menor del que el gobierno presume). De acuerdo con el levantamiento de datos que yo coordino, y que se realiza de forma independiente, de 2024 a 2025, los homicidios vinculados con el crimen organizado bajaron 16 por ciento.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo y de la capacidad demostrada por García Harfuch en la Ciudad de México, no soy muy optimista sobre el futuro próximo. Los golpes a la delincuencia seguirán, sin lugar a dudas. La presión para que así sea, tanto de Palacio Nacional, lo mismo que en la Casa Blanca, es intensa y persistente. Pero García Harfuch y su equipo enfrentan un problema que ha demostrado ser intratable: el control territorial que ejercen los criminales, sobre todo en el ámbito rural.

Las mafias dedicadas a la extorsión han demostrado ser particularmente inmunes a las capturas. Pongo un ejemplo que ilustra esta realidad. En julio del año pasado, se ejecutó el “Operativo Liberación” contra una célula de La Familia Michoacana que llevaba años cobrando cuota a toda la industria de la construcción en Valle de Bravo y los municipios aledaños. Los criminales intentaron defenderse: bloquearon carreteras y quemaron vehículos. A pesar de la resistencia, el operativo pareció ser un éxito. Se logró la captura de El Jefe del Cemento, aparente líder de los extorsionadores, y los expendios de materiales que trabajaban con él fueron asegurados.

Sin embargo, en menos de un mes las extorsiones regresaron, o al menos en eso coinciden quienes se dedican a la construcción en la zona. Es la misma historia que se repite una y otra vez en los pueblos de Michoacán, de Morelos, de Guerrero y de tantos otros lugares donde operan las mafias. Los líderes criminales vienen y van, pero el cobro de cuota permanece. La captura de El Botox fue bien recibida por los michoacanos, como un acto indispensable de justicia. Pero es importante subrayar que en Apatzingán y sus alrededores operan también células afines al CJNG, a Cárteles Unidos, a Los Viagras y al Cártel de Zicuirán. La delincuencia en la Tierra Caliente de Michoacán es una hidra de mil cabezas, que se multiplica por una docena de focos rojos a lo largo del país. Toda la maquinaria, los elementos que generan la inteligencia, los que planean y ejecutan los operativos, lo mismo que los agentes que llevan las investigaciones en la fiscalía, está rebasada.

¿Tiene García Harfuch alternativas de cara a esta misión imposible? Me parece que sí; veo al menos tres rutas complementarias, aunque las tres con un costo político elevado.

Primero está la alternativa de profundizar la cooperación con Estados Unidos. Ya en otras ocasiones he hablado en este espacio sobre la necesidad de llegar a un acuerdo de gran calado, que nos permita aprovechar mejor las capacidades de nuestros vecinos. Ese acuerdo se ve todavía lejano. La colaboración se ha reactivado en el último año, pero los bandazos y los chantajes de Trump harán muy difícil que alcance su pleno potencial de aquí a 2029.

Segundo, invertir más en seguridad, en especial en inteligencia y en procuración de justicia. En este punto es donde el gobierno de Sheinbaum ha fallado de forma más evidente. A pesar de la urgencia del tema, y del modesto incremento que se ha logrado en la recaudación, el presupuesto que se destina a las instituciones de seguridad se ha encogido.

Finalmente, habría que exigirle a los gobiernos estatales que asuman la parte que les corresponde. Ahí donde ha sido posible superar de forma duradera las crisis de violencia criminal –por ejemplo, en Coahuila, Nuevo León y, más recientemente, en la Ciudad de México– las instituciones locales han desempeñado el papel protagónico. Por supuesto, para que los gobiernos estatales se sumen en serio a la lucha contra la delincuencia, primero tendría que haber una amenaza creíble de que habrá consecuencias para quienes no lo hagan (y sobre todo para quienes, de plano, estén del lado de los criminales).