Después de más de 20 años de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, los bloques finalmente firmaron el acuerdo comercial y Brasil y Argentina parecen ser los grandes ganadores regionales. Sin embargo, los beneficios no serán inmediatos.
El histórico tratado comercial que creará un área de libre comercio prevé la eliminación de aranceles sobre más del 90% de los bienes y servicios intercambiados entre ambos bloques y establece reglas comunes en materia de inversión, contratación pública y sostenibilidad.
De acuerdo con un informe reciente de la agencia de calificación de riesgo Moody’s, el pacto podría impulsar el PBI del Mercosur en torno a un 0,25% hacia 2040, frente a un impacto más limitado de un 0,05% para la Unión Europea.
El efecto sería gradual en todo el bloque y, según el análisis, más acotado en el corto plazo en el caso de Argentina. Esto se explica por el contexto de ajuste macroeconómico que comenzó con la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023.
Pese a que el Gobierno incluyó la aprobación del acuerdo en el temario de las sesiones ordinarias para apurar la luz verde del Congreso y ser una de las primeras naciones de la región en beneficiarse del entendimiento comercial, cabe señalar que, hoy, su implementación está en pausa.
Es que, la semana pasada, el Tribunal de Justicia europeo le dio lugar a un pedido del Parlamento de la UE para analizar si el acuerdo es compatible con los tratados de la comunidad.
Esto paraliza virtualmente la puesta en marcha del entendimiento a la espera de la resolución judicial. Sin embargo, el freno en Europa igualmente no obstaculiza el proceso de aprobación legislativa en Argentina, aunque sí puede demorar la entrada en vigencia.
En términos productivos, el acuerdo favorece principalmente a los sectores en los que el Mercosur ya exporta más hacia Europa. Según Moody’s, las ventas del bloque se concentran en productos minerales y agrícolas, rubros que serán beneficiados por la ampliación de cuotas y por aranceles europeos ya bajos –en torno al 0,5% para los productos minerales como el litio, el grafito y el níquel, insumos clave para la transición energética que busca la UE–.
En ese marco, Brasil y Argentina aparecen como los países con mayor potencial de beneficio dentro del bloque, aunque con impactos desiguales.
En Brasil, la ampliación de las cuotas para carne vacuna y aviar y una relación de comercio ya consolidada con la UE le dan una posición más favorable.
Por su parte, para Argentina el impulso también se concentraría en sectores similares, con una mejora esperada de las exportaciones y del ingreso de dólares para el sector privado.
Las proyecciones de comercio reflejan un gran potencial. “En los primeros cinco años va a haber un 76% de aumento de las exportaciones de Argentina a la Unión Europea, pasando de 8600 millones de dólares a 15.166 millones. Y a diez años el estimado es un 122%”, explica el especialista en comercio exterior Diego Dumont en diálogo con El Cronista, según proyecciones de la Cancillería argentina, que ubican las exportaciones en 19.165 millones de dólares.
De acuerdo con ese análisis, los mayores beneficios para Argentina se concentrarían en las exportaciones del agro, con subas estimadas en torno al 15% en rubros como carne, pesca y economías regionales. También se prevé un crecimiento de las industriales, que podría rondar el 30%, especialmente en autopartes e insumos.
El acuerdo también refuerza el rol de la inversión extranjera directa (IED). Tal como destaca Dumont, la UE ya es la principal fuente de IED en Argentina, con un stock cercano a los 75.000 millones de dólares. Esto equivale a alrededor del 40% de la inversión extranjera directa total en el país.
Ahora, este mayor flujo de capital podría traducirse en más producción y empleo, además de aportar respaldo externo a través del ingreso de divisas genuinas.
Sin embargo, el impacto no sería homogéneo. El especialista advierte que el nuevo escenario genera temores en algunas firmas locales: “Hay un signo de interrogante sobre lo que puede pasar con las empresas argentinas”, en un contexto donde cada vez crece más la competencia externa.
Pero, ¿cómo puede afectar esto al nuevo modelo económico argentino y qué precauciones deberá tener el país?
Aunque el acuerdo con la UE impulsará el ingreso de dólares por exportaciones e inversión, Moody’s señala que ese efecto no se traducirá de manera inmediata en una mejora de las cuentas externas.
Es que, a medida que avance la estabilización macroeconómica proyectada, la demanda de importaciones seguirá subiendo y consumirá parte de esos dólares, por lo que el alivio para las finanzas públicas sería limitado en el corto plazo.
A estos factores económicos se suma una cuota de incertidumbre política mientras el Tribunal de Justicia de la UE revisa la legalidad del acuerdo, lo que mantiene en pausa su implementación hasta que haya una definición.
En el plano productivo, el desafío aparece con mayor claridad. Dumont advierte que la apertura de los mercados y el acceso de empresas europeas a contratos públicos en igualdad de condiciones plantean riesgos para las empresas locales.
“Claramente es una amenaza para las empresas locales, por ejemplo, en sectores como energía o construcción”, señala y añade que el nuevo marco podría acelerar el desplazamiento de firmas locales si no se implementan nuevas medidas de acompañamiento por parte del Estado argentino.
“Es urgente”, explica Dumont. “Hay empresas europeas muy grandes, con espalda financiera y experiencia en mercados altamente organizados, que rápidamente te pueden correr del mapa a las empresas regionales”.
La apertura también traslada esas tensiones al plano operativo de las empresas, especialmente en materia de competencia y gestión del riesgo. Para Eduardo Bottin, presidente de la compañía de seguros Hanseatica, el acuerdo redefine de manera concreta el escenario para las Pymes exportadoras.
Advierte que, si esos riesgos no se administran correctamente, la expansión puede volverse un problema: “Incrementar exportaciones sin una gestión adecuada de los riesgos puede limitar los beneficios proyectados del acuerdo”.
En ese sentido, plantea la necesidad de una gestión más profesional del riesgo comercial, con herramientas que permitan cubrir riesgos de cobro, transporte y cambios bruscos en los mercados, para evitar que una mayor exposición externa termine afectando la sustentabilidad de las empresas.
Más allá del impacto comercial del acuerdo, en la Argentina la discusión empieza a correrse hacia los problemas internos de la economía.
Desde una mirada macro, el economista Federico Pablo Vacalebre sostiene que el acuerdo es favorable para el país porque lo que Argentina produce encaja bien con lo que demanda el mercado europeo. Sin embargo, advierte que el principal límite no está en la falta de acceso a esos mercados, sino en las trabas que todavía existen puertas adentro.
“Los principales desafíos no están en el frente externo, sino en la necesidad de revertir las restricciones internas que hoy limitan severamente la competitividad”, afirma.
Esa advertencia cobra especial relevancia a partir de uno de los cambios centrales que introduce el acuerdo: la eliminación progresiva del arancel externo común del Mercosur para el comercio con la UE, que hoy promedia en torno al 14%. Esto hará que el mercado local quede más expuesto a la competencia europea.
De esta forma, las debilidades internas de la economía argentina —costos, regulaciones y falta de competitividad— pasan a ser un factor decisivo.
Los números del comercio exterior ayudan a dimensionar ese desafío. En 2025, la Argentina registró un déficit comercial de u$s 5562 millones con los países del Mercosur y de u$s 1895 millones con Alemania, en vínculos donde el país importa más de lo que exporta, especialmente bienes industriales y de capital.
En cambio, el comercio con el resto de la UE mostró un equilibrio mayor, porque Argentina logra colocar con más fuerza productos agroalimentarios, un rubro en el que sí tiene ventajas competitivas.
Para Vacalebre, los números dejan una conclusión clara: sin cambios internos, el acuerdo difícilmente tenga el impacto esperado. “Acelerar las reformas domésticas es condición necesaria para que el acuerdo se traduzca en más inversión, producción y exportaciones”, afirma.


